La Alhambra de Granada se convirtió entre 2002 y 2005 en un “coladero”

Un informe pericial eleva a ocho millones el dinero defraudado por la venta de unas 800.000 entradas falsas al monumento granadino

Casi ocho millones de euros. Unas 800.000 entradas falsas. Y medio centenar de imputados, además de varias empresas. Son las mareantes cifras del caso Alhambra, un folletín que se desarrolló entre 2002 y 2005 a las puertas del monumento granadino. Y no cualquier monumento, sino el que cuenta con más visitantes de España (más de 3,1 millones sólo el año pasado). El fraude, que se mueve entre el sainete y la película de robos, ya tiene su ensayo de guión: un informe pericial de 150 páginas encargado por el juez instructor y que ha supuesto dos años de trabajo.

LOS VIGILANTES PERMITÍAN EL ACCESO INCLUSO A PERSONAS SIN BILLETE

En ese tiempo, y siempre según el informe, más de medio centenar de trabajadores del Patronato y varias empresas turísticas convirtieron en un auténtico coladero el acceso a la Alhambra. Unas 800.000 entradas dejaron de cobrarse en esos tres años, según los datos del perito, quien ha obtenido esa cifra de multiplicar los 50.912 billetes que desaparecieron del complejo palatino por una media de 15,5 veces que cada billete se pudo usar (el cálculo sale de ponderar los tickets individuales y los válidos para grupos de 30 personas).

La connivencia entre porteros y empresas se fija en el origen de tantas irregularidades. Las tretas para franquear el acceso a los tesoros de la Alhambra (uno de los monumentos más difíciles de visitar sin un poco previsión, dicho sea de paso) eran variados e imaginativos. Se daban por consumidas entradas que habían sido reservadas y no confirmadas. Los porteros hacían la vista gorda ante quienes se presentaban sin billete. O se permitía el acceso a visitantes con entradas usadas o correspondientes a otros pases horarios e incluso a otros días de la semana.

VARIOS LOCALIZADORES

Los taquilleros, señala el informe, habrían impreso asimismo varios localizadores para un mismo pase, lo que multiplicaba el uso de éstos. Unos, con nombres supuestos; y otros, comprados por agencias de viajes. Billetes reservados a particulares se emplearon para hacer entrar a grupos enteros. Todo lo cual está, claro, expresamente prohibido por la normativa del Patronato. Por si fuera poco, los taquilleros no comprobaban los datos de los bonos de la Federación Provincial de Hostelería, que debían ser canjeados por las entradas definitivas. De todos estos desajustes entre billetes previstos y reales sacaban ventaja los implicados, entre los que se cuentan varios empleados del BBVA, banco que por entonces tenía la "exclusividad de la venta de entradas".

En este caso, que se cobró la primera detención a finales de 2005, hay más de medio centenar de imputados, la mayor parte, trabajadores del Patronato. Precisamente a algunos empleados, atribuye el perito la práctica totalidad del perjuicio económico, concretamente 7,1 millones de euros. El resto del fraude es atribuido a la empresa Daraxatour (765.439 euros); a un guía, Fracisco Castillo; y a la agencia Washington Irving Travel (67.388 euros).

Para contribuir al embrollo, Castillo, uno de los primeros encausados, es, además, padre de la administradora de Daraxatour, y "gestor de hecho" de Washington Irving Travel.

PRINCIPAL EMPRESA IMPLICADA

Capítulo aparte merece en el informe la actuación de Daraxatour, principal empresa implicada. No era "agente autorizado" por el Patronato de la Alhambra y el Generalife, por lo que actuaba de forma "clandestina". Reservaba, confirmaba y cancelaba entradas sin ser agencia de viajes. Además, adquiría billetes individuales bajo nombres falsos. Empleaba identidades supuestas para montar grupos igualmente ficticios. Washington Irving Travel reproducía algunas de estas prácticas.

Tanto esta compañía (dirigida al 50% la denunciante del caso, posteriormente imputada por el juez) como Daraxatour cambiaban los horarios de visita a los Palacios Nazaríes, facturaban dos veces los mismos localizadores y devolvían "sin gastos" los importes del 20% de las reservas efectuadas, petición que era "atendida".

Entre las responsabilidades, hay que incluir a los organismos encargados del control. Si éstos hubiesen actuado con celo, el perjuicio hubiese sido indudablemente menor. Hay un número máximo de visitantes permitido por día y en muchas ocasiones entre 2002 y 2005 éste se vio ampliamente superado. El control busca conservar adecuadamente el espacio y ofrecer una visita de calidad.

El caso está aún en fase de instrucción. Pero las irregularidades detectadas habrían ocasionado, además de un perjuicio económico ya cuantificado, otro, más intangible, a los turistas que se quedaron sin visitar la Alhambra esos años por estar al margen del entramado de los imputados.

“El País”